Presentación

Durante la pasada década, muchos países de América Latina y el Caribe mejoraron la calidad de la administración pública y de la elaboración y ejecución de las políticas públicas, a la vez que lograron la estabilización fiscal, la recuperación de la inversión pública y el crecimiento económico, la creación de más empleo y de mejor calidad y la reducción de la pobreza. El crecimiento económico se vio impulsado por la alta demanda mundial de productos básicos y materias primas, en particular por parte de China, que fue aprovechada principalmente por las economías de América del Sur.

Sin embargo, los países de la región siguen mostrando profundas diferencias estructurales y por motivos de género, así como grandes desigualdades en la distribución del ingreso, el acceso a los servicios públicos y las oportunidades de movilidad social. Además de los desafíos heredados, surgen otros nuevos, como el envejecimiento de la población, la transición epidemiológica y los estilos de vida y hábitos nutricionales poco saludables. La mayoría de las economías de la región siguen dependiendo de sus recursos naturales, lo que provoca crecientes conflictos socioambientales y costos cada vez más altos debidos a los riesgos derivados del cambio climático. El escenario de un comercio y una economía menos dinámicos a nivel mundial durante los próximos años supone un desafío adicional para la planificación del desarrollo en la región.

El modelo de desarrollo seguido por la mayoría de los países en los últimos 20 años no ha colocado a la región en una senda de desarrollo sostenible e inclusivo, y ha mostrado graves vulnerabilidades. La resistencia a desaparecer que muestran las desigualdades requiere una evaluación exhaustiva de las estrategias utilizadas que lleva a una conclusión inevitable. Para contrarrestar las tendencias históricas de concentración de la riqueza y el ingreso, el Estado debe intervenir de forma explícita y prolongada, con el fin de lograr cambios estructurales a través de una gestión pública eficiente utilizando instrumentos como la planificación y la previsión.

La agenda para el desarrollo después de 2015 constituirá una referencia obligatoria para la planificación pública, con el fin de reforzar la búsqueda en la región de un modelo de desarrollo integral, amplio, inclusivo y sostenible que valore el medio ambiente y se plasme en los derechos económicos y sociales.

En las agendas para el desarrollo de los países de la región destacan los enfoques basados en la participación ciudadana en las distintas fases del proceso de planificación para la promoción de cambios estructurales que rompan los hábitos de pobreza y desigualdad que se han ido forjando desde hace décadas. Estos enfoques se han desarrollado como respuesta a las demandas de sociedades civiles mejor organizadas y más exigentes en lo que respecta a la función pública, y en reconocimiento de estas.

En suma, la capacidad de actuación pública del Estado en América Latina y el Caribe se ha reforzado debido a una mejor gestión pública, la estabilización fiscal y el aumento de las tasas de ahorro e inversión, y se ha impulsado la asignación de recursos públicos a grandes proyectos de inversión, como los requeridos para mejorar la infraestructura. Este proceso precisa planificación y una visión a largo plazo y, en algunos casos, una perspectiva regional que contribuya a fundamentar los esfuerzos de integración regional. Se necesita una planificación moderna, cuyos componentes clave sean la coordinación entre niveles y sectores gubernamentales, la supervisión y evaluación continuas de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, la articulación de iniciativas públicas y privadas, y la elaboración colaborativa e inclusiva de una visión a largo plazo. El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) dispone de las herramientas necesarias y está preparado para colaborar con los Estados miembros en estas áreas, a través de capacitación, investigación y servicios de asesoramiento en el ámbito de la planificación y la gestión pública.